Los escándalos de la sección andaluza de UGT crecen como la espuma. El caso de las facturas falsas de UGT-A, que tiene contra las cuerdas a toda la cúpula del sindicato de clase, no surgió de golpe sino como una ramificación más de la macrocausa de los ERE falsos, el caso de corrupción con más imputados (201) de la historia de España.
El sumario de UGT-A, que abarca, por ahora, 3.516 folios, describe una “estructura creada para el fraude”. Según se ha conocido en las últimas semanas, la exhaustiva investigación realizada por la Guardia Civil describe un entramado complejo, una especie de lavadora del dinero que la Junta de Andalucía le daba supuestamente para realizar los cursos de formación. Hablamos ni más ni menos de entre 23 y 24 millones de euros al año. Sin embargo, ese dinero de los desempleados, los legítimos destinatarios de los fondos, se empleaba en la comunidad con la tasa de paro más alta de Europa para pagar viajes, hoteles, mariscadas, regalos y hasta sobresueldos y ha sido destinada para formación, sí, pero para la formación continuada en el delito.
Los medios de comunicación llevan tiempo publicando pruebas, testimonios de primera mano, conversaciones grabadas y documentos inapelables que dejan en evidencia a una organización destinada a ejecutar un fraude sistemático de las subvenciones de la Junta de Andalucía en lugar de a defender las causas de los trabajadores, como se le presuponía a UGT-A.
Mediante tres mecanismos: el rapel (el descuento que los proveedores debían hacer en sus facturas al sindicato), el bote (procedente de facturas falsas por mercancías no suministradas y/o servicios no prestados) y el sobrecoste de la póliza de seguros de cada curso de formación; UGT-A lleva tiempo ejerciendo de chiringuito financiero, engordando sus arcas y lucrándose del dinero público. Sin embargo, que parte de dichas ayudas fueran cedidas por la Junta para la formación de trabajadores en paro sólo añade un plus de indecencia a una actitud que ha colocado a UGT-A en la cumbre del descrédito ya que a estas alturas queda demostrado que su actuación poco tiene de Unión, de General y mucho menos de Trabajadores.
¿Qué se puede esperar de una organización que se define como representante de los trabajadores y se ha beneficiado personalmente de unos fondos que iban destinados a los desempleados? ¿Qué confianza pueden ya generar estas organizaciones que han hecho de la corrupción su seña de identidad?