Durante las últimas semanas hemos estado analizando diferentes partidas que, de tomarse cartas en el asunto, podrían acelerar la recuperación de España y evitar que toda la responsabilidad del reajuste recaiga en exclusiva sobre los ciudadanos y trabajadores. Hoy trataremos una más: el gasto público de España.
En el último año el gasto público por habitante en España ha sido de 10.224 euros. Una cifra que, si bien se ha reducido un 1,5% desde 2010 y no se sitúa entre las más altas de Europa, sí lo está entre los países a los que más les ha afectado la crisis, como Grecia o Portugal. En términos de PIB el gasto público representa el 43,6% y para 2016 se prevé una contracción del 5,7%.
Pero no se puede esperar hasta 2016 para que les cosas mejoren y sean los trabajadores los que únicamente sigamos padeciendo las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno. Si bien hace unos meses se barajó la posibilidad de recortar el número de concejales para la próxima legislatura o la reducción de las diputaciones provinciales son muchas instituciones públicas las que podrían ajustar sus presupuestos y reducir el gasto público.
La primera serían el número de políticos en todas las instancias del país. No sólo sobran concejales, sino que en España hay el doble de políticos que en países como Francia o Alemania, donde la actividad es considerablemente mayor a la de nuestro país. Sería un gran paso pero a día de hoy no parece posible que se concrete porque exige la reforma de la Constitución y todo indica que no existe mucha predisposición por parte de los partidos para llegar un acuerdo en esta materia. Por tanto, el ajuste tiene que llegar por otro lado.
Otra de las partidas con las que más dinero se podría ahorrar el país en estos momentos son las Comunidades Autónomas, cuyas competencias a veces se solapan y duplican con las provincias o con el gobierno, y cuyo presupuesto, para aspectos que podrían ser prescindibles, cuesta al Estado 24.000 millones de euros al año.
Lo mismo ocurre con las empresas públicas, cuya deuda actual nos cuesta a cada ciudadano 1.200 euros anuales. Si el 90% de las 4.000 sociedades dependientes de la Administración son insolventes quizá es momento de revisar cuáles sobran y no malgastar el dinero de los ciudadanos. También habría que revisar a los trabajadores que ocupan esos puestos, que en muchas ocasiones no tienen clara su función ni han demostrado los conocimientos y capacidades que otros funcionarios han conseguido a través de oposiciones y podrían perfectamente ejercer.
Se ha demostrado que se podría reducir el gasto de la Administración Pública hasta 15.000 millones y era uno de los planes propuestos por el Gobierno desde su inicio hace ahora un año. Sin embargo, parece que las buenas intenciones presentadas no se concretan y la reestructuración de la Administración se va a retrasar hasta 2014 por falta de acuerdo entre los partidos y las distintas instancias: gobierno, diputaciones, comunidades y ayuntamientos.
¿Por qué no se toman decisiones enfocadas a reducir el gasto público y se da un respiro a los ciudadanos? ¿Por qué no se mantienen solamente con las empresas públicas necesarias y solventes, adaptando también sus plantillas a las circunstancias económicas que vivimos? ¿No es la situación lo suficientemente grave como para tomar cartas en el asunto y decidirse por una reestructuración de la Administración de una vez por todas que abarate el gasto público?
Desde FASGA consideramos que ya es momento de decidir y dejar de exigir a los trabajadores la responsabilidad de una crisis que, como siempre hemos defendido, es un problema de todos. El país necesita funcionarios, instituciones y servicios básicos que no pueden desaparecer, pero la duplicación de tareas y el mantenimiento de ciertas instancias y trabajadores que han multiplicado por dos el gasto público desde el año 2000 hace que se encuentre por encima de lo que debe estar en tiempos de crisis.