Tras analizar el constante aumento de los sueldos de los directivos y empresarios españoles en los últimos años y la cantidad de dinero que se deja de percibir por fraude y economía sumergida, toca el turno de analizar el gasto público en subvenciones. No sólo a sindicatos, de las que ya hemos hablado, sino a partidos políticos, organizaciones empresariales, empresas, fundaciones y un largo etcétera. El gasto en subvenciones ha ido incrementándose desproporcionadamente en los últimos años y, pese a las promesas de los políticos de recortarlas, el derroche continúa.
Así por ejemplo, solamente en los seis primeros meses del año, el Partido Popular y el Partido Socialista se han embolsado casi 25 millones de euros en subvenciones, pese a las promesas del Gobierno de eliminarlas. Pero no queda ahí el asunto. Y es que las fundaciones de esos mismos partidos han ido engordando sus arcas gracias a las aportaciones del Estado en los últimos años hasta superar los 100 millones de euros.
Cabe preguntarse entonces: ¿a qué se dedican estas subvenciones? La respuesta parece clara: a financiar el desmesurado número de políticos que hay en España y su corte de asesores, personas en muchos casos sin la formación adecuada y colocados a dedo simplemente por afinidades personales o políticas.
Al margen de los partidos políticos y las fundaciones, también las empresas, incluso aquellas que obtienen beneficios y que cotizan en el IBEX 35, reciben su correspondiente subvención. Así, el pasado año una treintena de empresas se embolsaron casi 100 millones de euros del ministerio de Economía.
Pero el despilfarro del Estado es trasladable a las Comunidades Autónomas. De hecho, incluso aquellas que ya están intervenidas y que están recortando sueldos y despidiendo a trabajadores, dedican parte de los recursos a subvencionar proyectos sin sentido.
De recortarse todas estas subvenciones, se podría evitar que toda la responsabilidad de los ajustes recaiga sobre los trabajadores con subidas de impuestos y bajadas de sueldos. No se puede esperar hasta 2016 para que les cosas mejoren y mientras tanto sigan padeciendo los trabajadores las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno. Si bien hace unos meses el Gobierno anunció que recortaría las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, nada se ha hecho aún.
Desde FASGA consideramos que es momento de exigir que no recaiga únicamente en los trabajadores la responsabilidad de una crisis que, como siempre hemos defendido, es un problema de todos.
No puede ser que nos digan que todos debemos sacrificarnos y luego a la hora de la verdad los únicos que estamos pagando el esfuerzo seamos los trabajadores. No puede ser que la clase política continúe con sus privilegios totalmente ajenos a los problemas de los ciudadanos ni que las empresas más poderosas de este país sigan recibiendo ayudas procedentes de los impuestos que no dejan de subirnos a todos los trabajadores.
Basta ya de buenas intenciones y titulares que se quedan en el olvido. Es hora ya de que se pase a la acción y los buenos propósitos se hagan realidad.