A pesar de que las previsiones para la situación económica española en el medio plazo no son muy optimistas seguimos analizando aspectos que, de corregirse, podrían ayudar a salir más rápido de la crisis a nuestro país.
Una de la partidas que más ingresos aporta a las arcas del Estado es la de los impuestos. Desde FASGA hemos criticado las injustas modificaciones que han sufrido en los últimos meses los impuestos, como la subida del IVA que multiplicaba los efectos negativos de la crisis en la economía familiar. Consideramos que este incremento es un golpe directo y muy perjudicial contra el consumo, que lleva 27 meses de cifras negativas. Sin embargo, el problema no es tanto de una subida sino de que no todos los contribuyentes declaran lo que deben declarar y el fraude fiscal y la economía sumergida dejan las cifras de recaudación muy por debajo de lo que deberían estar.
Se calcula que en España la economía sumergida representa entre el 22 y el 25% del PIB, lo que podría llegar este año hasta los 80.000 millones de euros de recaudación que el Gobierno no ingresa. Un fraude que es totalmente incompatible con la recuperación económica que todos deseamos.
En relación con otros países de Europa, los datos de economía sumergida de España son similares a los de Portugal o Bélgica, pero se encuentra muy lejos de los de Austria o Reino Unido, donde menores cifras de fraude se registran, con un 10% de su PIB. Tampoco estamos en muy buena posición en cuanto a la cantidad de dinero destinada a luchar contra este fraude. En Alemania se invierte un 80% más que en España, en Francia un 68% más y en Italia un 54%. Tampoco somos los que más empleados tienen en la agencia tributaria, en Francia tienen cuatro veces más personal que en nuestro país.
Sabemos que el fraude fiscal existe, nueve de cada diez españoles consideran que es mucho o bastante para un país como España y el 72% de los ciudadanos creen que hay pocos o muy pocos esfuerzos por parte de la Administración para luchar contra el fraude fiscal. Entonces, ¿por qué no se destina más dinero a terminar con la economía sumergida? ¿Por qué no se hacen más esfuerzos para recaudar esos miles de millones de euros que cada año se dejan sin pagar y podrían solucionar los problemas económicos y financieros del país? ¿Por qué las mejoras se hacen por procedimientos legislativos eternos que casi siempre llegan cuando el problema no tiene solución?
Desde FASGA hemos estado en contra de la amnistía fiscal y siempre hemos considerado que era una mala decisión que envía un mensaje peligroso a los ciudadanos: los defraudadores, los que evaden impuestos, pueden acabar beneficiados, mientras que los que cumplimos con nuestras obligaciones tributarias nos incrementan el IVA, el IRPF…
No puede ser que se favorezca a quien durante muchos años ha estado cometiendo un delito que nos ha perjudicado a todos. Para colmo, se ha demostrado que este tipo de medidas no ha servido para nada porque quien está acostumbrado a hacer estas acciones, lo primero, no se fía de las consecuencias que puede tener para sus intereses desvelar el fraude cometido y, segundo, no es tan fácil sacar a la luz todos sus entramados financieros.
Desde FASGA consideramos que es imprescindible que la Administración tenga mano dura contra estos defraudadores. Sin ningún tipo de tolerancia ni favoritismos. No puede ser que, al final, solamente paguen los trabajadores sujetos a una nómina y que las grandes fortunas no contribuyan con sus obligaciones tributarias.
La amnistía fiscal presentada hace unos meses por el Ministerio de Hacienda no ha cumplido los objetivos previstos y ha empeorado la imagen de la agencia tributaria entre los ciudadanos. Al final los que más ganan no son los que más impuestos pagan, como las leyes de equidad estipulan. Mediante acciones fraudulentas, muchas personas se han visto durante años exentas de pagar a Hacienda y ahora, gracias a la amnistía, lo pueden hacer a un coste muy inferior al que deberían. Pero ni si quiera con estas facilidades están pagando lo que deben. Hasta junio se habían recaudado 50 millones de euros, frente a los 2.500 millones previstos, aunque desde el Gobierno confíen en que noviembre, el último mes para acogerse a la amnistía, supondrá grandes ingresos para la Administración.
El fraude es insostenible en los tiempos que corren y, a día de hoy, si todo ese dinero aflorara España podría resolver su problema de deuda pública en apenas 8 años. Sin embargo, para el Gobierno es mucho más sencillo recortar el sueldo a los funcionarios, aumentar los impuestos a los ciudadanos, ajustar las partidas de Sanidad y Educación a nivel nacional o subir el IVA, en vez de aumentar los controles y perseguir el fraude fiscal del que todos los ciudadanos y dirigentes son conscientes.
Desde FASGA, como comentamos en la anterior entrada, sabemos que la crisis es un problema de todos, tenemos que colaborar y apretarnos el cinturón y luchar para salir de esta situación cuanto antes. Pero mientras los trabajadores se esfuerzan ven como los directivos y empresarios cobran más que antes y otros no pagan ni la mitad de sus impuestos. En esta ecuación deberían equilibrarse todos los componentes (trabajadores, empresarios y gobierno) para poder llegar al resultado que todos buscamos: recuperarnos, generar empleo y volver a la situación económica de hace unos años.