El pasado fin de semana, además de los eventos deportivos, la noticia más comentada fue el rescate de España con 100.000 millones de euros de línea de crédito disponibles por parte de Europa. Unos nos lo pintan como algo positivo que nos ayudará a levantar cabeza, otros lo encauzan como el fin de la soberanía completa del país, pero, ¿en qué nos afecta realmente a los ciudadanos?
Primero hay que tener claro que el dinero lo presta Europa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que será el encargado de repartirlo entre las entidades bancarias que lo soliciten. Por tanto, la deuda la asume España. Todos viviremos en un país más endeudado que deberá reducir gasto y generar ingresos para devolver el dinero prestado.
Este préstamo, según se está especulando aunque sin ninguna confirmación oficial todavía, nos lo otorgarían en condiciones mucho mejores que las del mercado, con un interés en torno al 3%. Por ejemplo, en comparación con el Tesoro, que paga actualmente intereses de más del 6% por la deuda a 10 años, el escenario del préstamo que ofrece Europa es mejor.
Una de las formas que se barajan para poder reducir el gasto son nuevos recortes y subidas de impuestos. El Gobierno ha intentado negociar que los únicos condicionados con este préstamo sean los bancos pero no han tenido éxito. Entre las nuevas medidas que se estiman, sin tener ningún tipo de confirmación, están la subida del IVA o la revisión del sueldo de los funcionarios.
La primera, sería perjudicial para el consumo, ya que causaría más dudas entre los consumidores y un posible parón en las ventas. Se trata de una medida que nos afecta a todos y que tendría repercusiones muy negativas en muchos sectores, especialmente en la Gran Distribución que da trabajo a más de 300.000 familias. Ante los datos de ventas y volumen de negocio que tienen en estos momentos muchas empresas de nuestro país, una subida del IVA, podría suponer el empujón definitivo que les obligue a cerrar sus puertas con el consiguiente aumento de las cifras de paro.
La segunda es una de las más controvertidas ya que estaríamos hablando de 3,3 millones de empleados públicos y, por tanto, muchas familias españolas afectadas. Además son funcionarios que ven cómo son siempre los primeros en sufrir cambios en sus condiciones de trabajo cuando hay que recortar gastos. Si este colectivo vuelve a ver mermado su poder adquisitivo, tendrá más dudas, y gastará menos, lo que, de nuevo, supondrá una bajada importante de las ventas.
Los ciudadanos más ahorradores son de los más beneficiados con este rescate. Los bancos tendrán más dinero disponible y podrán asegurar los depósitos de sus clientes. Sin embargo, todos sufriremos un incremento de las comisiones que nos afectarán a la hora de usar los servicios prestados por nuestra entidad, como el uso de la tarjeta o transacciones.
Por su parte los accionistas serán unos de los más perjudicados. Una de las condiciones de Bruselas es reducir los dividendos sobre el beneficio entre los accionistas; además de reducir los sueldos ejecutivos y controlar los bonus de salario de directivos. Una medida necesaria ya que es inconcebible mantener privilegios para ciertos grupos de trabajadores, sobre todo cuando muchos de ellos son responsables, directos o indirectos, de la situación económica que vivimos.
Lo que sí se espera es que se active el crédito de nuevo. El principal objetivo del Gobierno de solicitar este préstamo es tener entidades solventes que puedan dar dinero a pymes y familias españolas. Y también se espera que los precios de la vivienda bajen considerablemente. Aunque no todo son facilidades a la hora de comprar una casa, ya que una de las recomendaciones que los miembros de la Eurozona ha hecho al Gobierno de España se centra en la desaparición de las deducciones por la compra de la vivienda, decisión que esperamos no se llegue a tomar porque supondría un duro golpe a la económica familiar.
Por último, además de ser los protagonistas de estas acciones, las entidades financieras deberán acomodarse a esta nueva situación. Esto supondrá una reestructuración interna, en la que es posible se produzcan cierre de oficinas y reducción considerable de sus plantillas. Creemos que no son los trabajadores los responsables de los balances de los bancos. Durante el año pasado las entidades prescindieron de 15.651 trabajadores y se habla de un sobredimensionamiento de hasta el 20% en el sistema bancario español, lo que podría suponer el despido de otros 30.000 trabajadores del sector. Estimaciones que aumentarían la ya gran cifra de 5,3 millones de desempleados y llevaría a una situación complicada a muchas familias de este país.
A la espera de que las entidades financieras reciban ese dinero, estas son las primeras consecuencias que podemos adelantar para los ciudadanos. Veremos cómo avanza la emisión y circulación de ese dinero y podremos analizar si el rescate finalmente es algo positivo o negativo para España.