El Gobierno anda desesperado buscando recursos con los que intentar cuadrar las cuentas públicas y poder alcanzar el objetivo de superávit. Y por lo visto a cualquier precio, sacando conejos de la chistera con medidas a todas luces injustas, que suponen un importante perjuicio a terceros, en este caso las mutuas de accidente de trabajo.
Este Gobierno comenzó el año pasado incautando a los trabajadores de las mutuas el 5% de sus salarios a golpe de “decretazo”. Este año ha continuado con esa medida escondiéndola en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, llevándose por delante el Convenio Colectivo sectorial y también los Convenios Colectivos de empresa de alguna mutua como es el caso de Asepeyo, motivo por el que el Sindicato Profesional de Seguros interpuso una demanda del conflicto colectivo que, lamentablemente, parece que no va a prosperar.
Acabamos de conocer la última ocurrencia del Ejecutivo para tratar de arreglar los desaguisados que han provocado su errática gestión de la crisis. Lo podemos leer en el diario Expansión en una noticia que, bajo el titular «Golpe de 275 millones a las mutuas para cuadrar la caja de las pensiones«, explica la nueva orden que prepara el Ejecutivo para apropiarse de ese dinero que gestionan las mutuas de accidentes laborales para dar cobertura a más de 13 millones de trabajadores.
Básicamente, el planteamiento del Gobierno es el siguiente: como en época de crisis se producen menos bajas laborales y procesos de incapacidad, las mutuas no van a necesitar ese dinero, por lo que el Ejecutivo podrá apropiarse de esas cantidades que, según su interpretación, “sobran”. Esta ocurrencia lo único que provocará es que llegue un momento que haya mutuas que se queden sin recursos para gestionar sus actividades y les condene a una situación deficitaria en sus cuentas. Es decir, habrá mutuas que paguen los platos rotos de unos despilfarros que no son responsabilidad suya.
La orden que prepara el gobierno es un ataque directo contra estas compañías. No es justo que otros, en este caso, las mutuas, tengan que pagar con sus recursos los desatinos de otros. Es como si uno despilfarra y gasta por encima de sus posibilidades y le termina exigiendo a un amigo suyo que para cuadrar sus cuentas financieras personales le pague de su bolsillo la hipoteca, el crédito del coche… No tiene sentido que yo, que hago bien las cosas, que cumplo con mis responsabilidades, termine teniendo parte de culpa de las excentricidades de otros.
Lo peor es que todo este movimiento está basado en la desesperación por conseguir recursos como sea y donde sea. Están haciendo conjeturas y previsiones. El Gobierno está dando por hecho que durante 2011 se aumentará hasta los 700.000 cotizantes, algo que no coincide con la realidad.
Desde SPS creemos que esta orden no hace sino perjudicar a los trabajadores. Con esta reducción, las prestaciones disminuirán y el fondo se desestabilizará. Si las previsiones del Gobierno tienen fundamento, el sector no pasa por un momento tan negativo como otros, por lo que nos planteamos si realmente habrá otras medidas menos agresivas para los trabajadores, como rebajar las cuotas para impulsar la actividad empresarial y provocar un aumento en la contratación.